Epílogo
El conocimiento en la diana de la guerra cultural
El negacionismo como factor de polarización y conflicto social lleva décadas operando de manera disruptiva en relación con las políticas de control de emisiones de gases de efecto invernadero y retrasando medidas regulatorias sobre calidad ambiental y salud pública. La difusión de información no contrastada sobre técnicas extractivas como el fracking, la energía nuclear o sobre la supuesta inocuidad de sustancias contaminantes en la agricultura intensiva constituyen dimensiones de un fenómeno más amplio que apunta al descrédito sistemático de la ciencia, presentando a sus actores e instituciones como parte de una élite con intereses opuestos al bienestar de la mayoría.
Este patrón tiene precedentes documentados en las estrategias empleadas cuando aparecieron las primeras evidencias sobre los daños por exposición al humo del tabaco, el deterioro de la capa de ozono o la lluvia ácida (Oreskes y Conway, 2010). En cuanto al vehículo, el trabajo de Vosoughi, Roy y Aral en Science estableció que las noticias falsas se difundían de manera más amplia, rápida y profunda que las verdaderas, hasta el punto de que la verdad tardaba unas seis veces más en alcanzar a mil quinientas personas (2018). El dato es sólido, aunque de alcance limitado, pues la medición se focalizó en cascadas de rumores previamente verificados en una sola plataforma entre 2006 y 2017. Semanas después de publicarlo, uno de sus autores tuvo que advertir públicamente que la cobertura mediática estaba sobreinterpretando el alcance de su trabajo. Es un episodio adecuado para entender la dificultad de interpretar otros fenómenos análogos analizados en varias secciones de esta obra, que se describen con datos correctos en la fuente primaria pero se distorsionan en el proceso de difusión pública.
Las dinámicas recientes de guerra cultural y acoso a las universidades y centros de investigación en EE.UU. suponen un salto peligroso en la escalada de amenazas contra la autonomía y libertad de cátedra, dos aspectos de la empresa cognitiva que aportaban el componente clave de credibilidad y confianza en las instituciones científicas y en sus informes y publicaciones. Pese a estar sobradamente documentado, el deterioro del prestigio de instituciones académicas sometidas durante décadas al escrutinio de regímenes autocráticos no parece constituir hoy advertencia suficiente, a la vista de los numerosos episodios recientes de irracionalidad política y desvarío institucional que se registran en las democracias consolidadas.
La frágil relación entre conocimiento, verdad y democracia se ajusta bastante a lo que Simon Montefiore formulaba como “confianza invisible”: Democracies are built on invisible trust (2026). Cuando las redes de intereses económicos o políticos operan desde dentro de las agencias que financian, gestionan y aplican la investigación, el resultado no es simplemente el descrédito de actores clave en el sistema de ciencia y tecnología, sino la pérdida de confianza en la integridad, rigor e independencia de los mecanismos y plataformas que explican la capacidad de la ciencia para ofrecer beneficios demostrables. La calidad de los resultados científicos depende de la validez de las preguntas que se priorizan, de la fiabilidad de los métodos empleados y de la evidencia sobre utilidad, eficacia y seguridad de las aplicaciones derivadas —es decir, la base para decisiones políticas, sanitarias y tecnológicas de gran impacto—. La calidad del resultado depende tanto de las prioridades y preguntas que merece la pena responder como de la censura y filtro sobre cuestiones incómodas y líneas de trabajo que operan como elementos de contraste y crítica, sin miedo a represalias.
La falta de alternativas al sistema cognitivo autónomo e independiente como contrapeso a la manipulación política podría ilustrarse con un largo historial de dislates recientes: líderes que proponen intervenciones sanitarias carentes de base científica —“quitarle el paracetamol a las embarazadas para evitar el autismo”, por ejemplo—; actores negacionistas al frente de instituciones clave en medioambiente, sanidad y educación, que hacen ostentación de su rechazo a la evidencia y el conocimiento experto; plataformas o medios diseñados para la difusión de bulos y desinformación, eludiendo mecanismos básicos de verificación; restricción en bibliotecas y centros educativos del acceso a ciertas obras literarias, textos de pedagogía inclusiva y estudios históricos o antropológicos (Kisa y Kisa, 2025; Tayag, 2024; Vanegas, 2026). Evocan periodos de oscurantismo en un pasado que parecía ya superado.
Democracia y competencias epistémicas
Esta dinámica refuerza la pertinencia de incorporar en los currículos de humanidades, ciencias sociales y disciplinas STEM contenidos de epistemología aplicada que proporcionen perspectiva y herramientas metodológicas actualizadas para identificar, confrontar y desmentir falsedades, pseudociencia y estrategias de desinformación. Las redes sociales y el desarrollo de la digitalización han creado nuevas condiciones para consolidar o erosionar el potencial humano para la cooperación social. El nuevo contexto obliga a redefinir la noción clásica de comunidad epistémica articulada por Peter Haas a comienzos de los noventa, consistente en una red de profesionales con competencia reconocida en un dominio particular que comparten: (a) creencias causales derivadas de su análisis de prácticas, (b) nociones de validez intersubjetiva, (c) un proyecto político común basado en valores compartidos, y (d) prácticas discursivas asociadas a un conjunto de problemas que tienen interés en abordar según su competencia profesional (1992).
Si la erosión autoritaria continúa operando como guerra cultural organizada contra los actores que proporcionan el soporte básico para la investigación científica —científicos y profesionales con la mejor cualificación, universidades, laboratorios, centros de investigación y agencias de cooperación internacional—, recortando su financiación y condicionando sus objetivos y prioridades, los nuevos escenarios de crisis geopolítica, ambiental o de salud pública podrían tener consecuencias catastróficas. El escepticismo al respecto choca con estudios e informes que señalan la subestimación de impactos derivados del calentamiento global, el aumento del nivel del mar y de fenómenos climáticos extremos (Kube et al., 2025; Morrison, 2026).
La defensa del conocimiento riguroso frente a quienes lo instrumentalizan como herramienta de polarización social constituye un aviso contra la proliferación de discursos que equiparan opinión no fundamentada con competencia profesional acreditada. Sin anclaje en la realidad, la toma de decisiones en todas las esferas de gestión política y administrativa resulta pronto disfuncional y deja pocas opciones de legitimación, aparte de la fuerza. Para amplios colectivos de población vulnerable, las decisiones erróneas, ineficaces y tardías conllevan daños directos e imposibilidad de planificar y desarrollar sus modos de vida (Harrington y Otto, 2023).
Las democracias consolidadas no son inmunes a las estrategias de legitimación y visibilidad mediática arbitradas desde estructuras tribales o de partido, capaces de seleccionar a líderes que logran mayor audiencia aunque sea alardeando de creencias delirantes sobre el cambio climático, los programas de vacunación o el valor de la diplomacia para resolver conflictos. Cuando la creencia funciona como distintivo de pertenencia, revisarla deja de ser una operación intelectual y pasa a tener un coste social, lo que explica por qué el desmentido rara vez basta (Moreno Muñoz, 2025).
El fenómeno tiene nombre en la literatura —antirreflexividad— y describe la impugnación organizada, no ya de una conclusión científica concreta, sino de la capacidad misma de la ciencia para orientar la regulación (McCright y Dunlap, 2010). Su vertiente operativa es una inversión sostenida en distribución y divulgación. En enero de 2020, un instituto estadounidense de orientación conservadora contrató a una joven creadora de contenido alemana como rostro de una campaña contra el consenso climático, y le financió el equipo y la producción de vídeo necesarios para sostenerla (Butler y Eilperin, 2020). No hace falta que un mensaje sea mayoritario para resultar eficaz; basta con que tenga continuidad en la financiación, una cara reconocible y un canal sin el escrutinio de la revisión editorial o académica para constituirse en fuente de bulos y consignas ideológicas.
Las redes sociales y los algoritmos de recomendación amplifican la visibilidad de contenidos que priorizan la adhesión —engagement— sobre la veracidad y el equilibrio informativo, favoreciendo la difusión de teorías conspirativas y simplificaciones extremas de problemas complejos en materia de empleo, salud, energía, seguridad y medioambiente. La amplificación está documentada con diseños y metodologías exigentes. Un experimento realizado desde dentro de una plataforma, comparando su ordenación algorítmica con la cronología inversa, encontró que la primera amplificaba el contenido político de partidos y medios de la derecha más que el de la izquierda en seis de los siete países estudiados (Huszár et al., 2022). Una auditoría preregistrada posterior mostró que la ordenación por interacción amplifica el contenido emocionalmente cargado y hostil hacia el exogrupo, y añadió un hallazgo que desarma la defensa habitual de las plataformas, pues los propios usuarios declaran no preferir ese contenido (Milli et al., 2025). La auditoría de la principal red de mensajes breves durante la campaña estadounidense de 2024 encontró que las cuentas recién creadas, sin historial alguno que justificara la personalización, recibían por defecto un muro escorado hacia la derecha (Ye et al., 2025). Los sistemas de recomendación de vídeo muestran un sesgo moderado hacia el contenido ideológicamente afín y empujan levemente hacia posiciones más extremas, lo que puede ser suficiente para decantar resultados electorales en contextos de mayorías muy ajustadas (Haroon et al., 2023; Ribeiro et al., 2020).
Este trabajo, no obstante, invita reiteradamente a la cautela antes de sobrestimar el potencial de ciertas herramientas y plataformas. Que un sistema amplifique la distribución de un contenido no equivale a que ese contenido cambie las creencias de quien lo recibe. La evidencia sobre lo primero es firme; sobre lo segundo, los experimentos de campo con manipulaciones deliberadamente agresivas de las recomendaciones no detectan efectos apreciables sobre las actitudes políticas en ventanas de semanas o meses (Liu et al., 2025), y hay quien sostiene que el relato público sobre los daños de la desinformación en línea ha sobrestimado su alcance medio, muy concentrado en minorías ya predispuestas (Budak et al., 2024).
Nada de esto exonera de responsabilidad a las plataformas, porque amplificar la distribución de contenido falso es un daño en sí mismo, y así lo tratan diversos marcos reguladores. Tampoco una ventana de pocos meses dice gran cosa sobre posibles efectos acumulados a lo largo de años, que es la escala en la que operan las campañas de descrédito descritas más arriba. El capítulo 6 desarrolla la discusión al respecto con más detalle. Frente a esta dinámica, cobra una importancia crítica el fortalecimiento de la alfabetización científica —numérica y estadística, así como de plataformas y herramientas— en todos los niveles del sistema educativo, en los cuales debería estar garantizado el acceso universal a fuentes de información independientes y metodológicamente rigurosas.
La identificación de información no verificada y las competencias para una evaluación crítica de fuentes relevantes son mucho más que un divertimento intelectual. La participación democrática opera sobre una base de competencias epistémicas que permiten a cada ciudadano distinguir entre evidencia empírica, retórica persuasiva, mercadotecnia o desinformación. Sin ellas, difícilmente la sociedad podría funcionar como comunidad epistémica capaz de tomar decisiones colectivas informadas ante desafíos complejos. Aunque no todo rechazo a la evidencia científica deriva de déficits cognitivos, factores como la identidad grupal, la disonancia cognitiva y los sesgos motivacionales juegan un papel determinante, que muchos actores logran aprovechar en su beneficio (Kahan et al., 2012).
El fenómeno del sobreturismo, que la edición de 2025 analizaba con detalle, ilustra las consecuencias de ignorar la evidencia acumulada sobre impactos ambientales, laborales y culturales de ciertos modelos de negocio. Cuando las dinámicas de mercado privilegian beneficios cortoplacistas sobre objetivos de sostenibilidad y bienes comunes, se generan escenarios donde el deterioro ambiental alcanza umbrales irreversibles y la calidad de vida se degrada hasta forzar el desplazamiento de la población local. En este dominio se pueden identificar patrones recurrentes: sesgos metodológicos en la medición de impactos, corrupción o captura del regulador, conflictos de interés no declarados, y uso estratégico de estadísticas para legitimar decisiones contrarias a la evidencia disponible.
La transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento requiere más que acceso a datos; demanda capacidades críticas distribuidas socialmente. Esto incluye políticas de ciencia abierta, para garantizar el acceso equitativo a publicaciones científicas y datos de investigación, con el objetivo de reducir las asimetrías entre quienes generan conocimiento y quienes dependen de él para la toma de decisiones; modelos cooperativos de validación, para promover la participación ciudadana en procesos de generación y validación de conocimiento, mediante iniciativas de ciencia ciudadana y plataformas colaborativas; y formación en competencias epistémicas, para integrar en todos los niveles educativos el desarrollo de las habilidades requeridas en la evaluación de fuentes, detección de sesgos, manejo de la incertidumbre y distinciones entre correlación y causalidad en contextos relevantes.